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Base de datos de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de Andalucía
La situación actual, provocada por la crisis sanitaria, está cambiando el modo de relacionarnos. Esto condiciona, inevitablemente, el modo en el que se realizan las evaluaciones, especialmente aquellas que optan por metodologías participativas, en las que la interacción con las personas relevantes para la intervención a evaluar es la clave del método, de sus conclusiones y de su utilidad.
Este es el caso de la evaluación en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo promovida por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). La entidad, convencida de la idoneidad de impulsar la cultura de la evaluación en el seno de las organizaciones y en el desarrollo de los proyectos que apoya, exige la evaluación final externa de las intervenciones en terceros países.
En este sentido, la AACID apuesta por la evaluación como herramienta al servicio del aprendizaje y de la gestión del conocimiento, y procura fomentar la realización de trabajo de campo con entrevistas, individuales o grupales, a las partes interesadas en la evaluación.
Por otra parte, y debido a la situación de crisis global en la que desafortunadamente nos encontramos, el uso de estas metodologías está siendo complicado. Así lo pusieron de manifiesto las entidades que participaron en la encuesta realizada por la AACID durante el Estado de Alarma: desde la preocupación por la incidencia de la crisis en las evaluaciones puestas en marcha, especialmente en relación con el trabajo de campo y la recopilación de información de fuentes primarias.
Las restricciones a la movilidad están impidiendo el acceso a las zonas de intervención por parte de los equipos de evaluación, tanto para sus integrantes españoles como para los locales. Esto dificulta la realización del trabajo de campo y la devolución de resultados. A ello se añade la dificultad de las características de algunos de los contextos en los que trabajamos, donde no siempre es posible el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ni siquiera de las más tradicionales que puedan sustituir a las reuniones presenciales.
Ante este contexto, no cabe duda de que la crisis también está afectando a la evaluación, tanto a sus métodos como a las cuestiones a las que debe dar respuesta, como lo pusimos de manifiesto en el encuentro organizado por la Dirección Nacional de SIEMPRO (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales) del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno de la República de Argentina y la Universidad de Villa María. El encuentro, el primero de un ciclo de capacitación en evaluación de política públicas, tuvo como eje central la incidencia de la evaluación en la toma de decisiones públicas. El vídeo del encuentro telemático está disponible en el canal de YouTube del CNPS.
Todo esto pone de manifiesto que, efectivamente, se ha abierto el debate en torno a la necesidad de adaptar metodologías y técnicas a esta nueva situación. Precisamente, hace unos días, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación compartió algunas de las iniciativas puestas en marcha en este sentido por la comunidad internacional evaluadora. Entre ellas, la Coalición para «la Evaluación Mundial del COVID-19”.
Entre algunos de los aprendizajes extraídos de este primer encuentro sobre la capacitación en evaluación de política públicas, se encuentra el de la conveniencia de priorizar las evaluaciones a realizar y el de apostar por la realización de evaluaciones conjuntas, que como todos sabemos permiten:
- El desarrollo de capacidades y el aprendizaje mutuo.
- La armonización y la reducción de costes, económicos y en tiempo.
- Ampliar el alcance de la evaluación y a priori.
- Fomentar el uso de los resultados de la evaluación, que además todavía supone uno de los desafíos en la práctica evaluativa.
En la AACID tenemos la experiencia, junto con la Agencia Española, de la evaluación conjunta de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil de la OIT, que resultó ser una buena práctica para todos.