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Título del proyecto

Refuerzo de los servicios de salud primaria de la UNRWA en Siria para proteger el derecho a la salud de la población refugiada de Palestina afectada por el conflicto

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Siria se encuentra inmersa en un conflicto armado desde hace ocho años que ha dejado a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. La incapacidad de la población para proveerse de bienes y suministros básicos debido al altísimo nivel de destrucción ocasionado por la guerra ha generado una gran dependencia de los servicios de UNRWA para cubrir las necesidades más inmediatas de las personas refugiadas de Palestina en el país. El conflicto en Siria se originó en marzo de 2011 cuando el ejército sirio reprimió las manifestaciones que se estaban desarrollando en Dar’a por el encarcelamiento de unos jóvenes acusados de realizar grafitis antigubernamentales. Se convocaron nuevas manifestaciones que también fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado provocando un círculo de violencia que fue aumentando hasta declararse una Guerra Civil, tal y como determinó el CICR el 14 de julio de 2012. En el año 2013, tras la ruptura de su alianza con el Frente Al-Nusra (FAN), el Estado Islámico (ISIS-DAESH) se convierte en una fuerza armada dominante, bien organizada, que controla una parte importante del territorio de la República Árabe Siria y de Irak, planteando una grave amenaza para la paz y la estabilidad. En 2014 el conflicto está marcado por el gran auge y la expansión del DAESH o ISIS, que se ha apoderado de buena parte del territorio nororiental de la República Árabe Siria. En junio de 2014 el Estado Islámico se proclamó «califato». Aunque se sigue considerando una guerra civil oficialmente, la incorporación de una importante variedad de facciones y grupos armados, algunos como el DAESH procedentes de otros países, así como la participación de países aliados al gobierno y de otros países apoyando a las fuerzas opositoras, dan a esta guerra civil un importante carácter transfronterizo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó en una resolución del 12 de febrero de 2015 su especial preocupación por las constantes y permanentes violaciones de derechos humanos perpetradas en Siria, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tortura, desplazamiento y restricción al movimiento, asesinatos masivos, bombardeos y ataques indiscriminados contra la población civil y crímenes contra la humanidad, entre otros, así como su preocupación por el avance de ISIS y FAN. En un nuevo informe de julio de ese mismo año, se hacía eco de la difícil situación de las personas refugiadas, que vivían bajo pésimas condiciones de higiene y salubridad mientras intentaban sobrevivir a la situación de extrema violencia que se repetía constantemente. En septiembre de 2015, Rusia se unió a la lucha del Gobierno sirio frente a los rebeldes.
En el año 2016, Estados Unidos y Rusia (quienes habían venido participando mediante el suministro de armas o directamente mediante ataques aéreos) deciden fomentar un alto el fuego en Siria para llevar a cabo negociaciones de paz y asistir a la población siria que se encuentra atrapada en el país sin acceso a los bienes más básicos necesarios para la supervivencia. A finales de Febrero de 2016 el alto el fuego queda desestabilizado tras los atentados de Sayeda Zeinab, que acabaron con la vida de unas 120 personas, entre ellas 31 refugiados de origen palestino. El año 2017 comenzó con una escalada de violencia en la Gobernación de Dera’a. Las luchas entre las diferentes partes en conflicto provocaron el desplazamiento forzoso de un gran número de familias, impidieron el acceso a la ayuda humanitaria y causaron muertes entre la población refugiada de Palestina. UNRWA calcula que más del 90% de las familias refugiadas de Palestina que vivían en Jilin huyeron a causa de los altercados violentos que se iniciaron el 20 de febrero. Además, según OCHA, en el mes de marzo, los enfrentamientos al norte y el oeste de la gobernación de Hama provocaron el desplazamiento de 40.000 personas, en su mayoría mujeres y menores. 2017 marcó la caída de la Alepo Oriental controlada por la oposición. En este año, además, la batalla contra el llamado Estado Islámico ha sido, en cierta medida, ganada. A pesar de las treguas negociadas por las Naciones Unidas, los esfuerzos diplomáticos para obtener una resolución pacífica de la crisis no han logrado poner fin a la violencia. El 21 de mayo de 2018, el gobierno de Siria anunció el control total del sur de Damasco después de llegar a acuerdos con los grupos armados no estatales para evacuar la zona. Sin embargo, la continuación de las hostilidades en el sudoeste de Siria desde mediados de junio provocó el desplazamiento de miles de civiles, incluidas personas refugiadas de Palestina, y la destrucción de viviendas e infraestructura pública.
Si bien ha habido una reducción de la violencia en muchas partes del país durante el 2018, la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA por sus siglas en inglés) estima que 11,7 millones de personas requieren asistencia humanitaria. La población que permanece en zonas del país afectadas por las hostilidades, principalmente en la zona de Iblid, últimamente la zona bajo control de grupos armados no gubernamentales, continúa buscando seguridad en otras zonas. Esto se une a los retornos espontáneos de personas desplazadas internas a aquellas áreas que fueron recuperadas por el gobierno sirio durante 2018. Sin embargo, las condiciones en estas zonas recuperadas son nefastas, con un alto nivel de destrucción y falta de servicios básicos para atender a toda la población retornada, lo que supone que estas personas son, en muchos casos, totalmente dependientes de la asistencia humanitaria.
La población refugiada de Palestina en Siria sigue encontrándose entre las más vulnerables. UNRWA calcula que de las aproximadamente 438.000 personas de Palestina que quedan dentro de Siria más del 50% se ha desplazado internamente al menos una vez, el 95% tienen una necesidad crítica de asistencia humanitaria continuada y 126.000 se han identificado como especialmente vulnerables. Además, aproximadamente 13.500 personas aún viven en áreas de difícil acceso. Los campamentos de Yarmouk, Dera´a y Ein el Tal, que antes del conflicto albergaban al 30% de la población refugiada de Palestina han sido destruidos casi por completo.
El acceso a la salud en Siria sigue siendo uno de los mayores desafíos, puesto que, no sólo han aumentado las necesidades, sino que las instalaciones médicas han sido objeto de ataques, por lo que el personal y las instalaciones disponibles son muy escasos. Según datos de OCHA el 46% de los hospitales y clínicas de atención primaria se encuentran parcial o totalmente dañados. Únicamente durante el 2018 se han producido 142 ataques al sistema sanitario, en los que 112 infraestructuras han sido dañadas y 43 personas del personal sanitario han sufrido diferentes daños.
En la actualidad, 13,2 millones de personas en Siria necesitan atención médica. El 37% de la población requiere de tratamiento materno infantil o neonatal. El 41% de la población adulta requiere tratamiento para una o más enfermedades no transmisibles y al menos el 15% de la población necesita tratamiento psicológico o mental. Alrededor de 4,7 millones de niños y niñas y mujeres embarazadas y/o en período de lactancia se encuentran en riesgo de desnutrición como consecuencia de la falta de acceso a servicios de prevención y atención nutricional. De los 13,2 millones de personas que necesitan asistencia médica en Siria, las mujeres representan el 72%. Los grupos vulnerables incluyen a 5,2 millones de mujeres en edad reproductiva, 2,2 millones de menores de 5 años y 2,3 millones de personas mayores de 50 años. Siria alberga a al menos 3 millones de personas que viven con discapacidades y 7 millones de personas desplazadas internas. El 8% de las personas necesitadas residen actualmente en áreas de difícil acceso.

Localización

República Árabe de Siria. Gobernaciones de Aleppo, Hama, Latakia, Tartous, Homs, Damasco, Damasco Rural, Dera’a y As-Sweida con servicios de salud de UNRWA.

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