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La intervención tiene lugar en un contexto de una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo a causa del conflicto bélico existente en Siria desde hace nueve años que ha provocado enormes necesidades humanitarias y la mayor crisis de desplazamiento interno y externo global.
En la actualidad, Líbano es el país que alberga mayor número de personas refugiadas per cápita, con casi 1,5 millones de personas que han huido del conflicto en Siria, (incluidos 926.717 refugiados registrados por ACNUR a julio de 2019, de los cuales el 25,2% son mujeres, el 19,4% hombres, el 27,1% son niñas y el 28,5% niños). El 3% son niños de diversos orígenes y con necesidades específicas, junto con 28.800 refugiados palestinos que en años anteriores se refugiaban en Siria y una población preexistente de unos 180.000 refugiados palestinos del Líbano
que viven en 12 campamentos y 156 pequeños asentamientos.
La presión en las comunidades de acogida es tan grande que está afectando a la estabilidad de muchos municipios y como consecuencia las personas refugiadas sufren cada vez más presiones para retornar, ocasionándose tensiones sociales. Ante esta situación ACNUR, en ejercicio de su mandato internacional, se encarga de preservar el espacio de asilo y velar por la protección internacional de estas personas, así como de contribuir a su bienestar básico.
El nivel de pobreza de esta población es del 68 por ciento, encontrándose en situación de alta vulnerabilidad a causa de factores tales como el nivel de deuda de las familias o la precariedad de las viviendas que continúan aumentando, al igual que, entre otras muchas carencias, permanecen o aumentan los riesgos de explotación y otros relacionados con la protección como el trabajo infantil (el 5% de menores entre 5-17 años trabaja aumentando este porcentaje a cerca del 15% en la franja de edad entre 13-15 años siendo el 3.2% niñas) o los matrimonios tempranos (el 29% de las niñas de entre 15 a 19 años estaban casadas en el momento de realizar un estudio en 2018, un incremento medio del 7% respecto del año anterior). El alto nivel de pobreza de las familias sirias supone que éstas no pueden afrontar las necesidades más básicas, tales como la vivienda, la alimentación, la salud o la escolarización de los menores.. Dadas las limitadas posibilidades de obtener medios de vida, los/as refugiados/as más vulnerables continúan dependiendo de la asistencia humanitaria.
Las familias encabezadas por mujeres representan el 15% de la población y reportan las peores condiciones y mayor vulnerabilidad. Estas sufren de mayor inseguridad alimentaria que las encabezadas por hombres (95% vs 292%); se ven obligadas a adoptar estrategias negativas de afrontamiento con mayor frecuencia (74%) y destinan un mayor porcentaje de su gasto a adquirir alimentos (24%). También son más pobres. En relación a educación, el Ministerio de Educación permite a los/as niños/as refugiados/as sirios/as acceder a las
escuelas públicas, pero no tiene capacidad para absorber el aumento de población escolar sin el apoyo de la Comunidad Internacional. Actualmente hay unos 488.000 niños refugiados sirios en edad escolar en el Líbano cerca de la mitad de los niños refugiados (de 3 a 17 años de edad) siguen sin escolarizar, principalmente adolescentes y jóvenes.
Sobre las condiciones de vivienda, la mayoría de la población refugiada siria en Líbano vive en áreas urbanas, pero el porcentaje de quienes se alojan en estructuras residenciales disminuyó del 73% en 2017 al 66% en 2018; como consecuencia, aumentó la población alojada en asentamientos informales (del 17% al 19%), y en edificios no residenciales (garajes, almacenes, casetas de bombeo, etc), donde en 2017 vivía el 9% de la población siria, y en 2018 vive el 15%. Es en los asentamientos informales donde un porcentaje importante de hogares encabezados por
mujeres (29%) se ven obligados a residir. La presión sobre el mercado inmobiliario hace que los más vulnerables tengan un acceso muy limitado a viviendas asequibles y adecuadas: el 35 % de los sirios desplazados vive en edificios deficientes, en condiciones inadecuadas de vivienda, tales como alojamientos temporales o tiendas en asentamientos informales, en condiciones de hacinamiento o en condiciones peligrosas o arriesgadas. También está aumentando el hacinamiento entre la población refugiada siria -del 18% en 2015 al 22% en 2016, y el 33% en
2017- y llega al 46% entre los refugiados palestinos procedentes de Siria. Y, finalmente, un 4% de la población siria había sufrido un desalojo en los últimos seis meses, por no poder afrontar el pago Las condiciones de los alojamientos en edificios no residenciales y en viviendas improvisadas en los asentamientos informales son totalmente inadecuadas.
Continúa habiendo un alto nivel de inseguridad alimentaria, con un 90% de hogares sirios que presentan algún grado de inseguridad alimentaria, aunque este porcentaje había disminuido en un 1% en comparación con el año anterior.
En relación a las necesidades de salud, los/as refugiados/a tienen dificultades de acceso a la salud primaria, secundaria y a cuidados hospitalarios, en un país en el que la sanidad está altamente privatizada. El 13% de los/as refugiados/as había tenido problemas económicos para acceder a servicios de salud primaria, y el 23% que necesitaba cuidados hospitalarios no había podido acceder a ellos debido a su coste. La mayor barrera para acceder al PHC es su coste, junto con el precio de los medicamentos y otros complementos a los tratamientos (como, por ejemplo, el transporte hasta el PHC). A la situación mencionada se une la disminución de la financiación de la respuesta humanitaria internacional, de forma en el mes de junio de 2019 se había recibido solo el 28 % de los requerimientos globales del Plan Global de Respuesta a la Crisis del Líbano, además de que del global para 2018 solo había completado 52%.